La Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires recuerda y reivindica la memoria de Lucía Pérez, al cumplir diez años de su femicidio, reconociendo su historia como parte de la memoria colectiva de nuestra sociedad y de la lucha por una vida libre de violencias para las mujeres y niñas.

Esta Cámara reafirma su compromiso con la prevención y erradicación de las violencias por razones de género, el acceso efectivo a la justicia y el fortalecimiento de las políticas públicas destinada a prevenir, asistir y abordar integralmente estas violencias.

FUNDAMENTOS

El 8 de octubre de 2026 se cumplen diez años del femicidio de Lucía Pérez, una adolescente de 16 años de la ciudad de Mar del Plata cuya historia conmovió profundamente a nuestra sociedad y se convirtió en una referencia ineludible en la lucha contra las violencias por razones de género.

Su caso impulsó en octubre de 2016 el primer Paro Nacional de Mujeres en la historia de la Argentina, una histórica jornada de huelga y movilización masiva que marcó un antes y un después, transformando el dolor en un símbolo de la lucha colectiva frente a la desprotección y la impunidad.

Recordar y reivindicar la memoria de Lucía implica, ante todo, reconocer su vida, su historia y el dolor de quienes la acompañaron. Pero también implica asumir la responsabilidad colectiva de preguntarnos qué hemos aprendido como sociedad y qué respuestas somos capaces de construir frente a las violencias que afectan a mujeres y niñas.

En las últimas décadas, nuestro país avanzó en el reconocimiento de estas violencias como una cuestión de derechos humanos y de responsabilidad estatal. En ese proceso, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se produjeron avances legislativos fundamentales. En 2009, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.485, que estableció un marco integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Posteriormente, en 2012, también durante su presidencia, se sancionó la Ley 26.791, que modificó el Código Penal incorporando el femicidio como agravante del homicidio.

A diez años de su muerte, mirar ese recorrido permite reconocer que los avances alcanzados no fueron espontáneos. Fueron el resultado de años de lucha social y de decisiones políticas que transformaron demandas históricas en leyes, políticas públicas e instituciones.

Y es precisamente a la luz de ese recorrido que resulta necesario observar el presente.

Desde la asunción del Presidente Javier Milei, el Poder Ejecutivo Nacional ha impulsado un cambio de paradigma estatal fundado en la desarticulación activa de las políticas de prevención y erradicación de las violencias por razones de género.

La disolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no constituyó una mera reorganización administrativa o de optimización del gasto público, sino el inicio de una política sistemática de vaciamiento. Tras la absorción formal de sus competencias por parte del Ministerio de Justicia, dicho organismo procedió a la desmantelación efectiva, el cierre y el desfinanciamiento de programas territoriales fundamentales para la contención de situaciones de violencia extrema y el acceso a la justicia de las víctimas.

Este proceso, reivindicado públicamente por el propio Gobierno Nacional como una bandera ideológica, impacta directamente en la vida de quienes atraviesan situaciones de violencia. El desmantelamiento de estas herramientas deja a las víctimas en un estado de absoluta desprotección y aislamiento, eliminando los recursos más elementales de contención, acompañamiento económico, asistencia psicológica y resguardo frente al riesgo.

A este complejo escenario de desprotección estatal promovido por el Poder Ejecutivo Nacional se suma, de manera preocupante, la realidad de un Poder Judicial cuyas deficiencias estructurales se profundizan ante la falta de herramientas de contención. Resulta evidente que las leyes por sí solas son insuficientes si el Poder Judicial no se transforma en consonancia. En la actualidad, la administración de justicia frente a las violencias por motivos de género continúa siendo lenta, fragmentada y, en muchos casos, profundamente revictimizante. En sus estructuras persisten la falta de perspectiva de género, las demoras burocráticas en el dictado de medidas de protección, la impunidad y graves desigualdades que restringen el acceso real a la justicia por parte de las víctimas.

Las instituciones pueden ser reorganizadas y las políticas públicas pueden ser evaluadas, revisadas y mejoradas. Sin embargo, tales procesos no pueden implicar un debilitamiento de la responsabilidad estatal frente a las violencias por razones de género ni una pérdida de las herramientas necesarias para prevenirlas, asistir a quienes las atraviesan y garantizar el acceso a la justicia.

A diez años de la muerte de Lucía Pérez, resulta especialmente importante sostener la memoria y, al mismo tiempo, defender los avances alcanzados como sociedad.

Recordar a Lucía no significa recordar solamente las circunstancias de su muerte. Significa recordar que detrás de cada caso existe una vida, una familia, una historia y una comunidad. Significa también reconocer que la violencia contra las mujeres exige respuestas concretas y sostenidas.

La memoria de Lucía nos interpela desde un lugar mucho más profundo: el compromiso de construir un