DECLARA

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires declara su preocupación y más enérgico repudio al Proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional maliciosamente caratulado como “Ley contra el Fraude de las Pensiones por Invalidez” (Mensaje N° 109/26) mediante el cual se pretende desmantelar el sistema de protección social integral consagrado por las Leyes 24.901 y 27.793.

Esta iniciativa vulnera derechos adquiridos, destruye la equidad federal de las prestaciones y restringe la inclusión laboral del colectivo, representando el retroceso normativo más grave de la historia reciente en materia de discapacidad.

Frente a una política que criminaliza la vulnerabilidad para justificar el ajuste, el Senado de la Provincia de Buenos Aires, reafirma su compromiso de garantizar la efectiva tutela de los derechos de las y los bonaerenses, asumiendo la defensa activa de la inclusión real frente a todo intento de retroceso que coloque el equilibrio fiscal por encima de la vida y el bienestar del colectivo. Sosteniendo, como principio rector, que la discapacidad exige un Estado presente, humano y protector.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de declaración tiene por objeto manifestar el rechazo categórico de este Honorable Cuerpo ante el avance de una reforma normativa que pretende desmantelar el sistema de protección social integral en la República Argentina. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la Nación, bajo la maliciosa denominación de “Ley contra el Fraude de las Pensiones por Invalidez”, no constituye una herramienta de transparencia administrativa ni una mejora técnica, sino una decisión política que utiliza la sospecha generalizada para legitimar un ajuste fiscal sobre uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

El proyecto pretende desarticular el andamiaje jurídico construido por las Leyes 24.901 y 27.793, pilares fundamentales de las políticas sociales de protección y ampliación de derechos impulsada por Cristina Fernández de Kirchner. Bajo su gestión, estas normas dejaron de ser meros enunciados para transformarse en herramientas activas de inclusión: mientras la 24.901 garantiza un régimen integral de salud y educación, la 27.793 consolidó la intangibilidad de las asignaciones, asegurando que el apoyo del Estado fuera compatible con el empleo formal. Este modelo de protección alcanzó su máxima expresión con la Ley 27.044, sancionada durante su presidencia, que otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al romper este esquema, el Estado Nacional abandona el 'Modelo Social de la Discapacidad' —blindado constitucionalmente como una conquista histórica— para retornar a una mirada médico-asistencialista que reduce a la persona a un cuerpo 'incapaz' de producir, ignorando las barreras sociales que el propio Estado debe contribuir a derribar.

Uno de los puntos más regresivos de esta iniciativa es la reinstalación de la incompatibilidad entre la percepción de la pensión y el desempeño laboral registrado. Esta medida penaliza activamente la autonomía personal y la inserción productiva, obligando a miles de ciudadanos a elegir entre una red de seguridad mínima o la precariedad de la

economía informal. Al desconocer los costos adicionales permanentes que implica vivir con una discapacidad, el Gobierno Nacional condena al colectivo a una dependencia absoluta o a la marginación económica, destruyendo el deseo de integración que las leyes vigentes promueven.

Desde la perspectiva de nuestra Provincia de Buenos Aires, el impacto de este desmantelamiento es alarmante y peligroso. La eliminación del Arancel Único Nacional y la desregulación de los valores prestacionales destruyen la equidad federal, permitiendo que cada financiador determine arbitrariamente sus valores. Esto, sumado al traslado de responsabilidades financieras y operativas a las jurisdicciones provinciales sin el debido respaldo presupuestario, derivará inevitablemente en una crisis sanitaria territorial y en la interrupción de tratamientos vitales.

En el mismo sentido, el sistema de reempadronamiento forzoso bajo amenaza de baja automática no es más que una herramienta de exclusión masiva que apuesta al error administrativo para recortar el gasto público.

Como representantes del pueblo bonaerense, reafirmamos que la inclusión no es una cifra en una planilla de cálculo, sino un imperativo de justicia social. La discapacidad no es un fraude ni una sospecha de delito; es una realidad que exige un Estado presente, humano y protector. Lo conquistado es patrimonio de nuestra sociedad y no puede ser moneda de cambio para el equilibrio fiscal.

Por todo lo expuesto, y en defensa de los derechos conquistados, solicitamos a las y los legisladores el acompañamiento de la presente iniciativa