DECLARA

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires declara su profunda preocupación y más enérgico repudio al proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional que pretende desmantelar el Régimen de Zona Fría. Esta medida constituye una regresión normativa que violenta la Ley 27.637, ignora la realidad climática de nuestra provincia y vulnera el derecho a una tarifa justa de más de un millón de bonaerenses, transformando un bien social esencial en una carga económica confiscatoria.

Asimismo, ratificamos la plena vigencia de los derechos consagrados en la Ley 27.637, la cual garantiza la equidad territorial mediante una tarifa diferencial que protege la salud y la economía de los hogares. Estos derechos aseguran que el acceso a la energía en zonas de rigor climático sea un estándar de bienestar irrenunciable y no un privilegio sujeto a variables de ajuste fiscal.

FUNDAMENTOS

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo constituye una regresión normativa que pretende desmantelar la Ley 27.637, una de las conquistas populares más significativas de los últimos años en materia de servicios públicos. La pretensión del Poder Ejecutivo no solo carece de un diagnóstico climático riguroso, sino que ignora los estándares técnicos de eficiencia energética y zonificación bioambiental vigentes en la República Argentina.

La Ley 27.637 impulsada por el Diputado Máximo Kirchner, amplio la Zona Fría en base a parámetros físicos y geográficos objetivos. De esta manera el Estado reconoció que, el frío no es un fenómeno exclusivo de la Patagonia, sino una realidad que atraviesa la vida cotidiana de millones de familias en el centro y norte del país. Esta ley permitió que, por primera vez, el costo de la energía no fuera un castigo por el lugar donde se decide vivir y trabajar.

El Gobierno de Milei echa por tierra los criterios técnicos y objetivo establecidos en normativa como IRAM 11603 -Zonas bioambientales- proponiendo una "focalización" que resulta inaplicable sin vulnerar el derecho al acceso a la energía en condiciones de equidad territorial. Al supeditar el beneficio a la inscripción en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y a un tope de ingresos de tres Canastas Básicas Totales (CBT), el proyecto desconoce que el consumo de gas en zonas frías no es un consumo opcional sino una necesidad vital, lo que impide que las familias puedan reducir su gasto frente a los aumentos de precio sin poner en riesgo su salud. El derecho a una tarifa protegida nace del clima y la geografía, no de la situación económica momentánea del usuario

En ciudades como Mar del Plata, ubicada en la zona bioambiental IV -Templada Fría- Las temperaturas y los niveles la humedad relativa ambiente obligan a un consumo sustancialmente superior al de la zona metropolitana. Eliminar la bonificación automática

para los usuarios residenciales implica que, ante igual nivel de ingresos, un marplatense tendrá una carga financiera sobre su salario real muy superior a la de un ciudadano en zona templada, quebrando el principio constitucional de igualdad y equidad tarifaria.

Asimismo, el proyecto altera el corazón del sistema de financiamiento que sostiene los descuentos por Zona Fría. Al cambiar las reglas de pago y cómo se compensa a las empresas prestadoras, el Gobierno genera una inestabilidad que pone en riesgo la normal llegada del gas a los hogares. Resulta preocupante que, mientras se le quita el beneficio a millones de familias, el proyecto faculte al Ministerio de Economía para aumentar el recargo que todos los argentinos pagamos en nuestras facturas.

La afectación en la ciudad de Mar del Plata resulta particularmente cruel y paradójica. Nuestra ciudad, cabecera de una zona con inviernos crudos y una humedad que cala los huesos, fue el epicentro de la demanda social por la "Zona Fría". Mar del Plata no es una ciudad de veraneo permanente; es una comunidad trabajadora que enfrenta temperaturas extremas y que, gracias a la Ley 27.637, logró un alivio necesario para los hogares y sus pequeñas industrias. El intento de derogar esta protección ignora la identidad climática marplatense y castiga a una ciudad que ya sufre las consecuencias de políticas de ajuste que golpean el consumo y el empleo.

En definitiva, defender la plena vigencia de la Ley 27.637 es defender la soberanía energética de las familias. No podemos permitir que se retroceda en un derecho conquistado que trajo previsibilidad y justicia a los hogares. Por todo ello es que solicito a las y los legisladores que acompañen el presente proyecto.